Los carpinteros uruguayos y el COU de Luján

por Fernando Momo

Corren tiempos curiosos para la argumentación política.

Los periodistas y analistas que apoyan al actual gobierno nacional y su “modelo” pasan de una defensa pragmática del modelo extractivista, llámese Vaca Muerta o La Lumbrera o la soja transgénica, basados en que “la Argentina necesita energía” (o minerales, o materia prima) a un repentino ecologismo militante porque “la pastera contamina el río y arruina el agua, un recurso estratégico”.

Por su parte, los medios opositores (y en muchos casos golpistas), fluctúan entre una crítica, a veces profunda y bien fundada, al extractivismo del modelo (véase por ejemplo la reciente nota de La Nación “Recursos naturales: el costo invisible del modelo” por Steven Levitsky el 6 de octubre) y una descalificación de los argumentos argentinos en el tema de la pastera, señalando que en Argentina hay muchas pasteras y son peores que la ex Botnia y que Uruguay viene plantando árboles hace 30 años “como política de estado”.

¿Se puede despejar un poco esta humareda argumentativa y fijar una posición coherente?

Empecemos por la supuesta política de estado uruguaya. ¿Puede calificarse así el hecho de plantar muchos árboles para dejar el uso del recurso, el manejo del suelo, la producción y la comercialización, con supuesto valor agregado, en manos de una empresa multinacional a cambio de unas ganancias más que marginales? ¿Cuántos carpinteros hay en Uruguay? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas de construcción podrían haberse desarrollado en treinta años a partir del uso de la madera? ¿cuántas fábricas de mangos para herramientas? Constituirse en un proveedor continental de muebles populares, de distintos tipos de aglomerado, de madera procesada para la construcción, de mangos, hasta de escarbadientes y fósforos, hubiese podido calificarse de “política de estado”. Sobre todo porque se trata de actividades culturalmente arraigadas, de escala pequeña y mediana, que dan muchos puestos de trabajo, que integran la economía, que son ambientalmente sustentables. Regalarle la pasta de celulosa a unos piratas sin escrúpulos y planearlo con treinta años de anticipación, más que política de estado parece un acto de cipayismo y comodidad. Y esto sin pensar mal de quienes armaron ese negocio desde el estado.

¿Y por casa? A esta altura, no se puede seguir sosteniendo que se necesita energía sin decir para qué, cómo se va a usar, cómo se va a administrar, quiénes serán los beneficiados y quienes pagarán los costos sociales y ambientales de esos usos.  Pareciera que, dados los indudables beneficios obtenidos en la última década en términos de inclusión social, posibilidades de trabajo y derechos civiles, el camino a seguir es el de la expansión continua del modelo en los términos del más pueril desarrollismo. Desafortunadamente, las leyes de la energía y la entropía condicionan y restringen la expansión de la economía. La única forma de preservar los beneficios sociales de estas etapas de crecimiento (los famosos “shocks” keinesianos) es reformulando el modelo de crecimiento hacia un sistema que mantenga el bienestar pero frene la expansión. El punto difícil aquí es que, para hacer eso, se necesita redistribuir la riqueza y construir una cultura energéticamente más frugal. ¿Para qué queremos más y más energía? ¿Para iluminar paseos de compras más grandes o para dar mejor alumbrado público a los pueblos del interior? ¿Para mejorar las cadenas de frío de alimentos y vacunas o para poner a máxima potencia los equipos de aire acondicionado en lugar de abrir las ventanas o modificar los horarios de trabajo?

Todas estas cuestiones son prolijamente soslayadas por los analistas oficiales de turno.

Pero, ¿cómo entra en este razonamiento el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Luján? Muy sencillo. Se trata de una herramienta estratégica, que define mucho más que el uso del suelo en un mapa. Antes que eso, define prioridades y estilos de desarrollo. Una ciudad con más barrios cerrados y más clubes de campo y más especulación inmobiliaria y más déficit habitacional combinado con ofertas de propiedad horizontal suntuaria, es una ciudad con mayor desigualdad, más inseguridad (como siempre que hay injusticia combinada con ostentación), más exclusión y desintegración cultural. Una ciudad donde no se planifica ni regula el uso del agua subterránea, el destino de los efluentes domiciliarios e industriales, la protección de los suelos productivos y su uso para generar seguridad alimentaria local y regional, será una ciudad con hambre y sed. Una ciudad donde no hay espacios públicos comunes para el esparcimiento, la expresión, el deporte, será una ciudad sin entendimiento, sin integración, sin arte popular. Una ciudad donde se multiplican los comercios más rápido que los talleres, donde se invierte más en propaganda que en salud pública, donde se imponen patrones consumistas y no se escuchan las necesidades del pueblo más humilde, será una ciudad violenta.

Una herramienta como el COU, con todo lo que representa, sólo puede surgir del debate público. Y estructurar y canalizar ese debate, ampliarlo y democratizarlo, transformarlo en decisiones y normas, es una política de estado. En este caso, del estado municipal que es el que tiene el contacto más directo con la fuente de su legitimidad y de su soberanía.

Esto no es nuevo. Se ha pensado desde los orígenes de la política como herramienta del campo popular. Véase sino esta cita:

“Cuando un hombre está en el poder, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos, no sus vasallos; pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de la altura, e imponer su soberanía, si no por la razón, por la fuerza.” (Leandro N. Alem, Agosto de 1890)